Raíces & Derechos

La declaración propia de pertenencia a un pueblo o comunidad indígena. Es el criterio fundamental del Convenio 169 (art. 1) para definir a quién se aplican sus protecciones.

Procedimiento de buena fe por el cual el Estado consulta a un pueblo indígena antes de medidas o proyectos que lo afecten, con información completa y en su lengua, con el objetivo de lograr el consentimiento. No es una mera reunión informativa.

Derecho de los pueblos a decidir libremente su condición política y sus formas de desarrollo económico, social y cultural. Es el núcleo del art. 2° constitucional y del Convenio 169.

La capacidad de la comunidad de darse sus propias reglas, autoridades y formas de organización dentro del marco constitucional, sin permiso de cada gobierno estatal.

El ejercicio institucional de la autonomía: gobierno comunitario propio reconocido como expresión legítima de autoridad pública (caso La Candelaria, AR 344/2025).

El conjunto de reglas, procedimientos y autoridades propias de una comunidad para regular su vida y resolver conflictos. Es derecho vivo reconocido por la Constitución, no simple costumbre social.

Las prácticas de elección de autoridades y de organización comunitaria transmitidas de generación en generación, reconocidas por el art. 2°, fracción A, inciso VII.

Reconocimiento de que dentro del Estado mexicano conviven varios sistemas jurídicos válidos. La SCJN lo afirmó con fuerza en el Amparo Directo 6/2018.

La facultad de las autoridades comunitarias de conocer y resolver asuntos conforme a su sistema normativo, con eficacia de acto jurisdiccional y sujeción a los derechos humanos.

La relación entre la comunidad —como sujeto de derecho público— y los demás poderes: coordinación en igualdad de plano jurídico, no subordinación. Se desprende del caso AR 344/2025 y de la jerarquía normativa.

El orden de autoridad de las normas: la Constitución y los tratados (como el Convenio 169, por el art. 133) están por encima de las leyes locales. Un derecho constitucional no puede ser condicionado por una ley estatal.

El conjunto de normas —constitucionales y convencionales— que sirve de parámetro para anular leyes y actos contrarios a ellas. Incluye los derechos del Convenio 169.

El deber de todas las autoridades de interpretar y aplicar la ley conforme a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, en particular el Convenio 169.

El juicio que protege a personas y comunidades contra actos de autoridad que violen sus derechos. Es la vía probada para exigir consulta, autogobierno y recursos (casos 6/2018, 782/2024 y 344/2025).

Una tesis aislada fija un criterio de un caso concreto; la jurisprudencia obliga a todos los jueces tras reiterarse en varios casos. Las tesis de la SCJN se consultan en el Semanario Judicial de la Federación.

Ente con personalidad jurídica propia dentro del orden público del Estado, capaz de tener órganos, competencias y recursos propios. El reconocimiento de las comunidades como tales fue el corazón del caso 344/2025.

El máximo órgano de decisión de la comunidad, con participación plena de sus integrantes. Sus acuerdos son actos de libre determinación y fuente de legitimidad de las autoridades tradicionales.

Formas de trabajo colectivo y de servicio a la comunidad. El sistema de cargos (ocupar responsabilidades en secuencia) es una de las bases de la organización política autónoma reconocida por el art. 2°.

Estándar de la Corte IDH: ante personas o grupos en riesgo o vulnerabilidad estructural, el Estado debe prevenir, investigar y sancionar con un deber reforzado, no con la diligencia ordinaria. Nació en Velásquez Rodríguez (1988) y se precisó en Campo Algodonero vs. México (2009).

Una comunidad existe y tiene derechos aunque no esté titulada ni registrada: la posesión ancestral y la identidad compartida bastan. Así lo reconoció la SCJN en el Amparo Directo 33/2020 (caso Choréachi, 2021).

Las tierras de uso común (Ley Agraria, art. 74, aplicable a comunidades por el art. 99, en concordancia con el art. 27 constitucional, fracción VII) son inembargables, inalienables e imprescriptibles: ni bancos, ni particulares, ni autoridades pueden cobrarse deudas con ellas.

La pertenencia se define por compartir una forma de ver y habitar el mundo (Convenio 169, art. 1: conciencia de identidad). Por eso la comunidad puede acoger a cualquier ser humano que asuma esa identidad y forma de vida: no es una cuestión de sangre ni de origen.

La propiedad privada y la jurisdicción indígena pueden coexistir: la Corte IDH (Kaliña y Lokono, 2015) reconoció propiedad colectiva sobre tierras con título privado de terceros, y la SCJN reconoce la jurisdicción sobre quienes participan de la vida comunitaria. Quien adquiere un predio en el territorio y se integra, adscribe su bien a la jurisdicción indígena.

El derecho de cada comunidad a ser reconocida como sujeto de derechos y obligaciones (Pacto de San José, art. 3; Corte IDH, Kaliña y Lokono, 2015; art. 27 constitucional, fracción VII). Sin ella, la comunidad no puede demandar, administrar recursos ni celebrar actos propios.

El derecho del pueblo —no de personas aisladas— sobre su tierra y territorio. Existe por derecho propio, independiente del título estatal (Corte IDH, Awas Tingni vs. Nicaragua, 2001; Pacto de San José, art. 21). El Estado debe delimitar, demarcar y titular.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), ratificada por México en 1981. Garantiza personalidad jurídica (art. 3), garantías judiciales (art. 8), propiedad (art. 21), participación en la gestión pública (art. 23), protección judicial (art. 25) e interpretación más favorable (art. 29).

La Comisión Interamericana (CIDH) recibe peticiones de personas y comunidades; la Corte Interamericana (Corte IDH) juzga al Estado y dicta reparaciones obligatorias. Tras agotar las vías internas —como el amparo—, una comunidad puede acudir ante la CIDH.

El autogobierno se fortalece cuando se ejerce con orden: asambleas documentadas, cargos cumplidos, tequio, rendición de cuentas al propio sistema normativo y acuerdos por escrito. Un gobierno comunitario ordenado es más difícil de desconocer: cada acuerdo bien asentado es prueba y precedente que los tribunales y dependencias deben respetar.

Las secretarías y organismos federales (como SEMARNAT o CONAGUA) quedan en igual plano jurídico frente a la comunidad reconocida como sujeto de derecho público (AR 344/2025): no pueden ejercer mando sobre su asamblea ni decidir por ella; deben coordinarse y, cuando un proyecto afecte su territorio, consultarla de buena fe.

El derecho que nace de la práctica sostenida de un pueblo y se transmite de generación en generación. Es la fuente más antigua del derecho: el Código de Hammurabi (~1750 a. C.) y las Doce Tablas romanas (~450 a. C.) fueron recopilaciones escritas de costumbres anteriores. No es «informal» ni «no escrito» por naturaleza: es derecho originario, y en México es derecho vivo reconocido por la SCJN (AD 6/2018; caso Cherán).

El derecho escrito y promulgado por el Estado: códigos, leyes, reglamentos. Es una fuente del derecho, no la única ni la más antigua. Las comunidades no se subordinan solo al derecho positivo: se anclan directamente en la Constitución y en los tratados (art. 2° y Convenio 169).

Proclamada en la Revolución francesa, estableció libertad, igualdad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Los derechos humanos no nacieron en 1948: este texto es antecedente directo y parte de la tradición que los pueblos invocan.

Proclamada por la ONU tras la Segunda Guerra Mundial; universalizó los derechos de todas las personas. Junto con la tradición de 1789 y el sistema interamericano, forma el parámetro que toda comunidad respeta al ejercer su jurisdicción.

El deber de congresos y ejecutivos de adecuar constituciones, leyes e instituciones a los derechos de los pueblos indígenas (art. 2°, reforma de 2001). Cherán (CC 32/2012) confirmó que reformar la constitución local sin consultar es inválido, y AR 344/2025 ordenó legislar el autogobierno.

El autogobierno ejercido en los hechos cuando las instituciones no atienden: gobierno propio, asambleas, cargos y reglamentos comunitarios. Cherán lo construyó desde 2011 y los tribunales terminaron reconociéndolo. No sustituye la vía legal: la complementa y la impulsa.

Actas de nacimiento y defunción, constancias e identificaciones emitidas por la comunidad conforme a su sistema normativo, con validez interna como parte del autogobierno. El deber de armonización apunta a que las autoridades oficiales las reconozcan y articulen, no que las descalifiquen.